Leyes de prensa, información y transparencia en Guatemala

Enrique Naveda

Aunque en Guatemala existe un marco normativo que, desde la Constitución hacia abajo garantiza el acceso, no fue hasta la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en 2008 que se contó con un instrumento legal que aclarara las dudas que las otras leyes más generales dejaban, y entregara un método para obtener la información. La LAIP, una norma bastante garantista, no es una herramienta para periodistas, sino para cualquier interesado, y aunque los periodistas emplean sus mecanismos con cierta frecuencia (menos de la esperada), el de los abogados es el gremio que más recurre a ellos. El garante del derecho es la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la normativa establece consecuencias civiles y penales para quienes la violen, además de plazos de entrega que se encuentran entre los más bajos en este tipo de leyes (diez días hábiles con una prórroga posible de otros diez).

En los seis años que la ley lleva vigente los resultados han sido mixtos, aunque con tendencia a la mejoría: por un lado, el periodista ya sabe, a grandes rasgos, de qué manera puede solicitar la información y qué criterios regulan la entrega, la prórroga, o la negación. Pero por otro, cada institución tiene reglamentos sobre cómo concretar la ley que no han sido homologados para todo el Estado. Esta falta de homologación, que afecta a todas las aristas de la ley (desde cómo se entiende la gratuidad hasta qué sistema de solicitud o qué formularios son válidos), conviven con violaciones flagrantes del texto debido a la creencia de muchos funcionarios de que la información es su patrimonio particular, a su voluntad de ocultar sus fechorías, a la simple ignorancia de los sujetos obligados, o a que, ante la desconfianza de no saber para qué quiere alguien tanta información, prefieren negarla. Todo esto es en buena medida resultado del legado autoritario del país.

Sin embargo, aunque hay manera de moverse en zonas grises y, sin negar de hecho la información, negarla de facto, la ley ha generado formas administrativas y legales (por lo general eficaces aunque desesperantes y costosas) en que los interesados en la información puedan apelar una y otra vez y obligar, si están en lo correcto, a las instituciones a brindar la información, algo que antes era más complicado, incluso imposible.

Hasta ahora, que sepamos, Plaza Pública ha sido el único medio de comunicación y una de las pocas instituciones que ha llevado una violación del derecho de acceso ante la Corte de Constitucionalidad, que en más de un año no lo ha resuelto. Por otro lado, recientemente la PDH informó de los resultados para 2013 y de los avances en materia de transparencia. Su reporte incluye todo tipo de solicitudes y de solicitantes. Aunque aún no podemos ofrecer datos cuantificados porque todavía estamos procesando la experiencia de nuestro proyecto “Clientelismo y Patrimonialismo en el uso de fondos públicos”, que exigía cantidades masivas de información pública, nuestra experiencia, como periodistas, es más agridulce. Aparentemente, las instituciones son más recelosas de entregar información a periodistas que a otros ciudadanos. Esto puede deberse al hecho de que creen que un medio de comunicación puede dañar más gravemente su imagen o a que la información que pedimos les suele parecer más delicada para sus intereses.

Algunas instituciones están generando grandes cantidades de datos relevantes para comprender el funcionamiento del Estado. Por ejemplo, el Sistema de Contabilidad Integrada o Guatecompras. Son herramientas cuya interpretación no es sencilla. Aunque entenderlas equivale a entender los códigos y lenguajes de la burocracia (porque no están pensadas como herramientas de transparencia hacia el ciudadano, sino como sistemas de compras y contrataciones o de contabilidad) son instrumentos relevantes para la investigación periodística especializada. Aun así, algunos casos adolecen de grandes debilidades, como que la información es imprecisa, está duplicada (de manera que el monto de una factura se suma dos veces y da apariencia de que algo costó el doble de lo que en realidad costó), o es directamente errónea.

Otros sistemas de publicación de datos abiertos que si han sido pensados con el objetivo de generar transparencia, como el tablero electrónico del Congreso de la Republica, que registra presencias, ausencias, votos, etc. (de ahí nuestra app Congreso en datos) son sin embargo constantemente saboteados para que no desempeñen su función. Por último, un número decreciente pero aún inaceptable de instituciones del Estado violan o tergiversan la norma que regula la información que es pública de oficio, y rara vez la entregan en formatos legibles para el procesamiento por computadora, aunque cuenten con ellos.

En otra línea, algunos de los registros más importantes (Registro de las Personas, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Catastro, etc.) carecen de la opción de hacer consultas en línea, o están restringidas a la mayoría de la población; y la información en papel resulta cara y puede destruirse con facilidad. Ahora hay un esfuerzo de centralización de datos estadísticos en el INE, pero la información disponible en datos abiertos es muy poca, apenas de 2009 a la fecha. También existe buena cantidad de información macroeconómica de calidad en el portal del Banco de Guatemala, aunque en formatos muy ineficientes que obligan a copiarla y pegarla.

Enrique Naveda (@quiquenaveda)

Es el coordinador general de Plaza Pública, un diario digital guatemalteco de periodismo de profundidad fundado en 2011. Coautor del libro de política local Bestiario del poder, y autor de El consigliere tiene un proyecto, un perfil y ha editado también El rector, el coronel y el último decano comunista.