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Jesús Flores Vivar
Según resume la periodista Yolanda Marin, la Ley de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013, de 9 de diciembre) establece una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal. Es decir esta norma obliga a los políticos a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar a través de una web las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información. Tras las aportaciones ciudadanas, se amplió la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que se incluyó lo relativo a los contratos públicos. Además, se estableció la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
Sin embargo, desde antes de su promulgación, organizaciones como la Fundación CIVIO, en un post publicado en su sitio web en agosto de 2013, ya hacía referencia a que la norma es controvertida puesto no reconoce el derecho fundamental de acceso a la información, y además de no incluir informes, borradores y material de trabajo de las administraciones, lo más llamativo es que el presidente del Consejo por la transparencia será nombrado por el Gobierno. Es decir, un burócrata que actuaría bajo las directrices del partido político de turno en el Gobierno.
En España, actualmente, rige la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. Posterior a esta ley, se trabaja en el Proyecto de Ley del Estatuto del Periodista Profesional. Esto significa el desarrollo de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional en España que defina la figura del/de la profesional del periodismo abandonando la mera regulación al acceso aprobada por el Decreto 744/1967 conforme lo previsto por la Ley de Prensa de 1966. Este proyecto de Ley comenzó en 1994 y aún continúa debatiéndose. Uno de los principales problemas consiste en que los propios profesionales no se ponen de acuerdo sobre qué o quién es periodista, así, la única ley aprobada al respecto durante la Democracia, la Ley de Cláusula de Conciencia, elude precisar a quién o quienes corresponde ese derecho de conciencia, cuando toda ley debe delimitar exactamente su ámbito de aplicación.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) es una Ley Orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor, intimidad y privacidad personal y familiar. Aprobada en 1999, está ley se desarrolla fundamentándose en el Artículo 18 de la Constitución Española de 1978, sobre el derecho a la intimidad familiar y personal y el secreto de las comunicaciones. Su objetivo principal es regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan.
Obviamente, si por un lado se trata de salvaguardar los intereses en primer lugar de consumidores, por otro lado, algunas articulaciones de todas estas leyes acarrean cierto peligro para el fácil desenvolvimiento del periodismo en general y del periodismo de datos en particular. Sólo la palabra dato, guarda relación con la LOPD, que considera una serie de informaciones de carácter sensible y que no se puede utilizar para su publicación.
Respecto a la última ley publicada de acceso a la información pública, según Victoria Anderica, investigadora y coordinadora de Access Info Europe, “La ley no está a la altura. El Ejecutivo, desde sus inicios en la elaboración de la ley, se ha centrado en el buen gobierno y se ha olvidado de la transparencia. La ley debería recoger el derecho de toda persona a solicitar cualquier información a cualquier administración en cualquier formato y no lo hace."
Jesús Flores es Fundador y co-director del Observatorio de Periodismo en Internet y Fundador de la Asociación de Periodistas Bloggers. Como periodista ha trabajado en prensa, radio y prensa digital y como consultor tecnológico en PwC y Andersen Co. (UTE de Nakua Technologies). Ha sido Ponente en el International Journal of Arts and Sciences Conference en la Universidad de Harvard y es conferenciante invitado en congresos nacionales e internacionales. Actualmente, es profesor de Tecnología en la Universidad Complutense y profesor de Ciberperiodismo en el periódico ABC.
Es Doctor en Ciencias de la Información/Periodismo por la Universidad Complutense y Master en Información y Documentación por la U. Carlos III de Madrid.
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