Calidad de leyes de transparencia en México

Jesús Ibarra

La escasa penetración del periodismo de datos en México viene acompañada por la mala calidad de las leyes de transparencia estatales y trabas para obtener acceso a información pública. Según el Centro de Análisis e Investigación Fundar hay una enorme mediocridad en estos instrumentos a lo largo del país, como lo refleja el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM Fundar, 2014).

El IDAIM mide la calidad de las leyes de transparencia en México con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. Se compone de tres variables principales: diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia. Cada variable se compone de siete, cinco y nueve indicadores respectivamente, los cuales se alimentan de 196 criterios.

Dichos criterios representan los elementos que debe contener una ley de transparencia para que garantice y proteja el ejercicio del derecho de acceso a la información y favorezca la transparencia.

Fundar determinó con el IDAIM que las leyes de transparencia y el derecho al acceso a la información, entre las 32 entidades federativas generan una calificación promedio reprobatoria de 5.2 en la escala del 1 al 10. El IDAIM destaca el caso de la Ley del Distrito Federal, con una calificación superior al resto de las entidades, al obtener un puntaje mayor a 8. A la par, Fundar señala un punto de conflicto que impacta en la calidad de estas leyes con respecto al proceso de designación para renovar a los institutos de transparencia estatales, ya que de las 32 entidades federativas sólo cuatro incluyen la participación social y el resto tienen mecanismos que favorecen la elección de sus integrantes por medio de la injerencia de partidos políticos y el Gobierno.

Aunque las reformas en materia de transparencia fueron aprobadas por el Poder Legislativo, los congresos locales han aprobado reglamentaciones en materia de transparencia que se encuentran aún por debajo de los estándares nacionales e internacionales en cuanto al acceso a la información se refiere. No existen mecanismos suficientes para que los integrantes de los órganos garantes respondan a la autonomía con que cuentan los institutos de transparencia y no hay un esquema de rendición de cuentas. Es decir, a diferencia de la elección de los comisionados del IFAI, donde el Senado de México creó un mecanismo1 para plantear de alguna manera que haya transparencia en el proceso de selección, en la mayoría de las entidades federativas no existen mecanismos claros para la elección de estos integrantes.

El criterio que menos leyes contemplan es el que considera al derecho de acceso a la información como un derecho humano. “Muchas leyes establecen que la ley garantiza el acceso a la información pública sin considerarlo parte de los derechos de las personas como se establece en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 11 y en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos 12. Además, en el marco normativo nacional, su reconocimiento se establece en el Artículo Sexto Constitucional” (IDAIM, 2014).

De acuerdo con el análisis elaborado por Fundar, cuatro leyes incluyen actualmente a los sindicatos como sujetos obligados a entregar información (Distrito Federal, Durango, Michoacán y Oaxaca). Sin embargo, con las recientes reformas constitucionales en materia de transparencia, todos los estados deberán incluir no sólo a los sindicatos sino también a los partidos políticos como sujetos obligados. Por otra parte, la organización encontró que siete leyes no consideran aún como definitivas las resoluciones de sus órganos de transparencia: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Nuevo León.

En cuanto al mecanismo de elección de los integrantes de los órganos de transparencia, ninguna ley prevé la publicación del currículum vitae de los candidatos a consejero o comisionado. A pesar de que las leyes son heterogéneas, en 26 casos otorgan autonomía constitucional a los órganos de transparencia. De acuerdo con el diagnóstico de Fundar, los institutos no logran convertirse en un contrapeso ante los poderes que se niegan a entregar información a la persona que así lo solicita.

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