Verificando el discurso en un país sin ley de acceso a la información: el caso de Chequeado

Olivia Sohr y Laura Zommer

Dedicarse a verificar y contrastar con datos afirmaciones de líderes públicos en un país sin ley nacional de acceso a la información pública -ni política de datos abiertos- y en el cual las estadísticas oficiales están muy cuestionadas, es un gran desafío. Pero, contrariamente a lo que muchos escépticos pensarían, no es un reto imposible de superar.

Trabajar con paciencia y persistencia con la información existente -que no siempre significa disponible ni a la mano-, constituye un primer paso (la tecnología juega acá un gran papel). Acceder y utilizar los datos que muchos organismos públicos producen y, a veces, publican, es lo siguiente. Echar mano a las herramientas legales que tenemos disponibles para exigir información al Estado, cuando éste la niega u oculta sin razón válida, es otro paso necesario. Y, analizar luego los datos obtenidos con la colaboración de expertos de universidades, centros de estudios académicos y consultoras privadas, nos permite desde 2010 poner en circulación más datos e información verificada para contribuir a mejorar la calidad del debate público. En Chequeado hemos establecido un método para asegurarnos de la calidad de los datos que usamos.

Tener más información y datos y menos sesgos y prejuicios presentes en las discusiones y debates con el objetivo de que los ciudadanos tengan mayor información para participar en los asuntos públicos y reducir la impunidad intelectual de lo que se dice, se calla o se oculta es lo que guía nuestro trabajo.

En la Argentina no existe una ley nacional de acceso a la información que asegure el derecho de cualquier persona de exigir información y transparencia al Estado. Aunque la Constitución asegura el derecho de libertad de expresión y los tratados en ella incorporados en 1994 reconocen en forma expresa el derecho a la información -que incluye el acceso a la información-, no hay una ley nacional específica que lo reglamente.

Lo que sí hay es un decreto (el Nº 1172/03), que garantiza que en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se debe responder a los pedidos que se formulen. Esto incluye a todos los organismos, entidades, empresas prestatarias de servicios públicos que funcionen bajo esa órbita, así como también a las organizaciones que reciben subsidios del Poder Ejecutivo Nacional.

Es una herramienta limitada, no sólo porque deja fuera de alcance al Poder Judicial y al Congreso, sino porque al ser un decreto muchas veces es incumplido alegando la primacía de una ley sobre él (la de Protección de Datos Personales, o la de Procedimientos Administrativos, entre otras). Además, los numerosos rechazos del Ejecutivo a responder, combinados con largos tiempos de trámite en la Justicia para dirimir estos conflictos, implica que la información, en caso de que el Gobierno no la quiera brindar “por las buenas”, llegará muy lejos de los plazos periodísticos.

Un caso reciente y paradigmático es un pedido de acceso a la información formulado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) para conocer la nómina de beneficiarios de planes sociales en 2008, que se demoró seis años en resolverse. La resolución vino de un fallo de la Corte Suprema contra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, hermana del ex Presidente, que además exigió al Congreso a que legisle al respecto.

La interpretación del decreto es muchas veces restrictiva. Chequeado, por ejemplo, solicitó en 2014 información sobre los términos bajo los cuales se firmó un acuerdo comercial entre YPF, empresa que desde abril de 2012 es mayoritariamente estatal, y Chevron, para la explotación de reservas de gas y petróleo no convencionales en Vaca Muerta, en el sur del país. La respuesta fue que YPF no es una empresa pública y, por lo tanto, no está sujeta a los requerimientos del decreto. Otro intento fallido tuvimos en Chequeado con Aerolíneas Argentinas, también manejada por el Estado, que respondió con un argumento similar.

Esto ocurre a nivel nacional. Pero al tratarse de un país federal, hay mucha información que pasa directamente por las manos de los gobiernos provinciales. Y en este caso, la situación es desigual. Mientras algunas provincias legislaron sobre el tema y tienen mecanismo relativamente eficientes y aceitados para permitir el acceso a información pública, en otras no existe ningún tipo de regulación y dependemos por completo de la buena -o mala- voluntad de los funcionarios. Hoy 15 de las 24 provincias tienen algún tipo de legislación.

El marco legal descrito sin duda nos limita. Pero no todo está perdido. Estamos obligados a utilizar mecanismos algo informales para acceder a la información y recurrir de manera mucho más frecuente a fuentes alternativas.

Cuando empezamos a trabajar en Chequeado temíamos que buena parte de nuestro sitio terminase destinado a la denuncia de la información faltante y a un reclamo indignado por mayor transparencia por parte de los poderes públicos. Y, hay que decirlo, muchas veces tenemos que recurrir a la denuncia.

Es el caso de los datos sobre delitos, por ejemplo. Cada vez que hablamos de homicidios (por tomar sólo alguno de los más graves) tenemos que adivinar tendencias y tasas en base a información parcial de algunas provincias y algunos registros judiciales, porque el Ministerio de Seguridad incumple no sólo el decreto 1172/3 sino también la ley que lo obliga a publicar los datos criminales anualmente. Es también lo que nos pasa cuando queremos analizar la evolución de la pobreza: las estadísticas oficiales fueron manipuladas a partir de 2007 y, aunque intentamos suplirlo con mediciones alternativas, no se pueden reemplazar del todo los datos oficiales.

Quizás el peor caso que nos tocó enfrentar fue el cambio que hizo el Gobierno en la presentación de la información para dificultar su comprensión. Se trata de la información sobre la cantidad de viviendas construidas por algunos planes estatales. La primera vez que consultamos la información publicada online (para chequear si el actual Gobierno es el que más viviendas construyó, como aseguró la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner) aparecían en columnas diferentes la cantidad de viviendas construidas y las soluciones habitacionales (arreglos que mejoran una casa ya existente). Luego de la publicación de nuestra nota, que desmintió la afirmación de la Presidenta, la presentación cambió: se combinaron las columnas y desde entonces es mucho más difícil saber exactamente cuántas casas se construyeron en la Argentina.

Pero, para entusiasmar a los optimistas, descubrimos que esos ejemplos no son la norma. Hay mucha más información disponible de la que esperábamos. El Ministerio de Trabajo de la Nación, por ejemplo, publica series de empleo de los últimos 30 años, el de Agricultura permite saber el uso de las tierras desde 1970 y el Ministerio de Educación nos da los números exactos de matrículas privadas y públicas por jurisdicción y tipo de educación. Parecen cosas básicas, pero son datos que solían no circular y que nos permiten entender mejor la realidad nacional, salir de los debates subjetivos y saber concretamente qué es lo que pasa en diferentes ámbitos.

Y nuestra arma de última instancia, el pedido formal de acceso a la información, funciona algunas veces. Cuando quisimos conocer el detalle de las comunicaciones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, durante la noche en la que la Policía cordobesa se declaró en huelga y hubo saqueos y disturbios en toda la provincia, se nos entregaron copias de los fax que se habían intercambiado esa noche, a los pocos días de haberlos pedido.

El panorama del acceso a la información pública y la apertura de datos en la Argentina está muy lejos de ser ideal. Nos falta mucha información, pero en general logramos, por una vía o por otra, conseguir los datos que necesitamos para tener un debate más informado. Y cuando no los hay, consideramos que es nuestro trabajo denunciarlo, exponer la falta de información y transparencia para alertar a la ciudadanía y poner presión sobre las autoridades que tienen que proveerla.

Esperamos que así, en el futuro, tenga un mayor costo ocultar datos y, como consecuencia, nuestro trabajo y el de cualquier que quiera verificar el discurso se vuelva más simple.

Laura Zommer (@lauzommer)

Lic. en Ciencias de la Comunicación y Abogada, Universidad de Buenos Aires (UBA). Posgrado en Comunicación política, Universidad Austral. Colaboradora permanente del suplemento dominical Enfoques, del diario La Nación. Se desempeñó como directora de Comunicación de CIPPEC de 2004 a 2012 y fue jefa de Gabinete de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2003 y 2004. Por su trabajo como periodista, fue becaria del diario El País de Madrid; recibió el Premio en la categoría Abogacía Argentina, otorgado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), 2005; el Premio Italia de Periodismo Joven, 2002; el Premio en la categoría Periodismo en Profundidad, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Houston, 1999; y el Premio en la categoría de Bien Público, otorgado por Adepa, 1998.

Olivia Sohr (@olisohr)

Licenciada en Sociología, Universidad de Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Maestría en Sociología, especializada en estudios de medios de comunicación. Ecole d’Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). París, Francia. Trabajó como pasante en la editorial de “Shanghai Business Review” en Shanghai, China (2009) y como investigadora en ARPP en París, Francia (2008). Fue editora del sitio web Scitizen.com, París, Francia (2008); pasante de comunicación en Jooce.com, París, Francia (2008); escritora freelance en Radio Universidad de Chile, Santiago, Chile (2007).

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