Periodismo de datos en Puerto Rico

Natalia Bonilla

La falta de tiempo y escasez de fondos son dos factores que constantemente afectan el ejercicio del periodismo de datos en Puerto Rico. A mitad del siglo 20, periódicos como El Mundo, el San Juan Star y El Nuevo Día destacaron con investigaciones sobre corrupción gubernamental e irregularidades en las operaciones de empresas grandes del país.

Según Israel Rodríguez, autor del libro Escándalos políticos y el periodismo en Puerto Rico, desde 1962 se han publicado múltiples historias meritorias de distinción: la contratación de 300 empleados “fantasmas” en la Legislatura; los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla en el 1978; la desaparición del Girod Trust Company; las transacciones fraudulentas del empresario Andrew Cipollo; la excarcelación ilegal de los asesinos de los independentistas en Maravilla; y la condonación gubernamental de su deuda millonaria a una compañía privada, la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO).

Sin embargo, así como se han trabajado grandes historias, hay muchas otras que siguen un lento proceso o simplemente, permanecen desconocidas, por la invariable dificultad de acceso a la información pública.

“En Puerto Rico hay un problema de acceso pero también de confiabilidad en los datos que sí son accesibles. En el proceso de trabajar con ellos, hay que entender sus limitaciones y la necesidad de seguir ampliando la información disponible para poder corroborar lo que pensamos es la realidad”, expresó Alvin Quiñones, cofundador del Centro de Investigación y Política Pública (CIPP).

Por su parte, Edgar Ríos, oficial de proyecto de Abre Puerto Rico -una iniciativa cibernética del CIPP lanzada el 5 de marzo de 2014 para fomentar la transparencia gubernamental-, explicó que usualmente los empleados públicos desconocen qué información contiene los documentos que se solicitan por lo que dudan cómo proceder, temiendo que si acceden, la información publicada ponga en peligro sus empleos o sea utilizada para atacar al Gobierno.

“Es mucho más fácil que el Gobierno le dé información a un ciudadano que a un representante de una organización”, destacó. “Estamos a merced de los datos que nos provea el Gobierno” lo cual aseveró que, en ocasiones, imposibilita garantizar la fiabilidad de los documentos.

La Directora Ejecutiva del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, Helga Serrano, recordó un evento cuando, mientras ejercía como reportera del desaparecido rotativo El Mundo, recibió documentos públicos incompletos.

“Recuerdo que cuando yo estaba en El Mundo fuimos a Corte para pedir unos documentos sobre los viajes del entonces gobernador Rafael Hernández Colón (1973-1977), y, finalmente, los dieron. Pero había mucho texto que no podía leerse (con tachaduras) y el Gobierno alegó que era relacionado con seguridad nacional”, relató Serrano.

Esta tendencia se une también a otras violaciones al derecho de libertad de prensa e información, cobijado bajo el Artículo 2, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De acuerdo con Serrano, resaltan los siguientes atentados recientes: la cobertura de la salida de la Marina en Vieques, cuando fueron arrestados varios periodistas en el 2003; en el 2006, las agresiones a periodistas por parte de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que tuvo un largo pleito judicial que terminó a favor de los agentes; y el cierre del Hemiciclo del Senado a periodistas, que fue ordenado por el entonces presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, en el 2010, entre otras.

Mientras, Serrano enfatizó en la necesidad de fomentar la lectura crítica de medios y la responsabilidad que tiene el ciudadano de fiscalizar al Gobierno; Ríos destacó la importancia del periodismo de datos para entender la crisis económica en el país que se ha extendido desde el 2008 hasta el presente. Recientemente, tanto Quiñones como Ríos colaboraron con el periódico El Nuevo Día para producir una serie investigativa sobre irregularidades en los presupuestos gubernamentales en los últimos 30 años.

“El periodismo de datos le provee cierta continuidad a los distintos temas que se discutan. Si nosotros revisamos los datos, podemos identificar patrones y discrepancias. Ahí hay historias que deben contarse”, señaló Ríos.

Otros datos importantes

Aparte del derecho constitucional de acceso a la libertad de prensa y expresión (de la cual se desprende una interpretación a la libertad de información), en 1955 se aprobó la Ley 5 para la Administración de Documentos Públicos en Puerto Rico. Sin embargo, los periodistas y los ciudadanos también recurren al Freedom of Information Act -que aplica a Puerto Rico por su relación política con los Estados Unidos- y a casos judiciales como precedentes para validar sus solicitudes. Casos recientes incluyen Romeu Matta v. PRIDCO, Ortiz v. Administración de Tribunales y Angueira Navarro v. Junta de Libertad Bajo Palabra (2000).

Natalia A. Bonilla Berríos (@nataliabonilla)

Periodista y productora. Posee una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de York, Inglaterra, y un bachillerato en Información y Periodismo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se especializa en derechos humanos, conflictos étnicos y libertad de prensa. Durante cuatro años, ejerció como directora de proyectos de Grupo Latitudes, una organización sin fines de lucro gestora de proyectos periodísticos, culturales y humanitarios de índole internacional. Ha producido y dirigido los documentales Haití espera (2011) y Ecos del Exilio (2013). También, colabora con el Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico como una columna bimensual sobre los ataques y proyectos de libertad de prensa en el mundo.

Blog: www.consciente.wordpress.org

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