Cómo pedir información pública en Argentina

Romina Colman

A nivel normativo, el derecho de acceso a la información pública se encuentra contemplado en la Constitución Nacional en sus artículos 1, 14, 38, 41, 42, 43 y 75 inciso 22. En este último caso, se brinda jerarquía constitucional a una serie de tratados que reconocen entre otras cosas, el derecho de las personas a buscar, recibir, pedir y difundir informaciones e ideas.

Sin embargo, en la Argentina aún no contamos con una ley nacional en la materia pero sí un decreto, el 1172/03 que en su anexo VII regula el mecanismo de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y a las “organizaciones privadas a las que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas privadas a quienes se les hayan otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público”.

También es importante destacar que en los municipios y provincias existen leyes u ordenanzas para garantizar el acceso a la información. (Ver mapa elaborado por el equipo de LA NACION DATA junto a la Asociación por los Derechos Civiles, el Foro de Periodismo Argentino y la Fundación Mujeres en la Igualdad).

Libertad de prensa:

Artículo 14, 32 y 43, además de su reconocimiento en los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Otras normativas sobre transparencia gubernamental:

Declaraciones juradas: la Ley 25.188 (1999) sobre la ética en el ejercicio de la función pública establece qué funcionarios están obligados a presentar declaración jurada patrimonial, para rendir cuenta de sus bienes. Además, en su Artículo 10, especifica que “toda persona podrá consultar y obtener copia de las declaraciones juradas presentadas con la debida intervención del organismo que las haya registrado y depositado, previa presentación de una solicitud escrita”. También, prevé que la declaración jurada “deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero.”

Ahora bien, en el 2013 se sanciona la Ley 26.857 sobre el carácter público de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Esta normativa tiene como punto positivo que ordena la publicación en Internet de las declaraciones juradas. Sin embargo, “se envía” al anexo reservado la información patrimonial del cónyuge, conviviente e hijos menores no emancipados, lo cual implica un gran retroceso en relación a la cantidad/calidad de datos a la cual se podía acceder con anterioridad. Además, con la reglamentación de la nueva ley cambió el formulario en el que se detalla la información patrimonial y así se “recortaron” datos que eran de vital importancia. En particular, se agrupó más la información y se perdieron niveles de desagregación. Es decir, con la nueva ley se facilita el mecanismo de acceso, pero disminuye en forma sustancial la información a la que pueden acceder los ciudadanos.

Dos informes elaborados en 2013, uno de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otro de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), muestran que las respuestas a las solicitudes de acceso a la información son dispares.

Sobre este punto, Ramiro Álvarez Ugarte, director del área de acceso a la información de ADC al hablar sobre los dos informes en el blog de LA NACION DATA, afirmó: “De las 44 solicitudes presentadas por la ACIJ [año 2013], 14 no fueron respondidas y 14 fueron contestadas fuera del plazo de los diez días. En el caso de la ADC, sobre un total de 49 pedidos, el 47% fue respondido satisfactoriamente, el 53% de forma incompleta, de manera negativa, o directamente no fueron contestados. También se registraron retrasos en el 55% de los pedidos respondidos (...) las conclusiones a las que hemos llegado por diferentes caminos evidencian respuestas incompletas a los pedidos realizados sin justificación de las razones por las cuales no se contesta a lo solicitado y demoras injustificadas”.

En relación al decreto 1172/03, el primer desafío con el que uno se encuentra a la hora de preguntar es que los pedidos deben realizarse por escrito y en papel. En la actualidad, no existe un sistema electrónico que permita generar, dar seguimiento y recibir la información de manera online.

Para enfrentar los obstáculos, en nuestro blog redactamos diez consejos útiles para facilitar el ejercicio de este derecho:

El pedido: debe entregarse en la mesa de entradas de la entidad obligada a proveer esa información. Es importante llevar una copia. Allí colocarán la fecha y sello de recepción. También es fundamental exigir el número de expediente de la solicitud.

¿Otra opción? Enviarlo por correo postal, preferiblemente con acuse de recibo. En ambos casos, estos documentos serán la constancia para reclamar a la Oficina Anticorrupción (OA) ante el silencio del organismo, respuesta parcial o si lo entregado no corresponde a lo consultado. En 2008 la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia (SPRIyFD) creó un formulario voluntario de información pública. Quien desee usarlo, sólo está obligado a completar la primera sección. La segunda es para datos estadísticos.

Información de contacto: el decreto 1172/03 solicita la “identificación del requiriente”. La normativa no aclara los datos a los que se refiere este punto. No puede faltar el nombre y apellido, DNI, domicilio completo (dirección, ciudad y código postal), firma y teléfono.

Horario de atención al público de las mesas de entradas: por lo general es de 9 a 17. En el sitio web de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) se detallan las direcciones y teléfonos de las entidades obligadas por la normativa. Antes de ir, es preferible llamar a la dependencia para verificar el horario.

Simple es mejor: no hay que dar vueltas con la pregunta. La clave está en “ir al grano”. Contar con conocimientos mínimos sobre el tema es una ventaja. Quien está informado pregunta mejor. En caso de que la petición no sea clara, la dependencia podrá contactarse con la persona dentro de los 10 días hábiles de la presentación para pedir aclaración. Esta situación no suspende el cómputo del plazo para recibir respuesta.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario ser ciudadano argentino para presentar un pedido de acceso a la información pública en nuestro país? No. “Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información”.

¿Debe realizarse la presentación a través de un abogado? No. La letra del decreto establece que no se requiere de patrocinio letrado para pedir información pública.

¿Cuál es el tiempo previsto para recibir respuesta? Los organismos obligados por el decreto 1172 tienen hasta 10 días para responder a la solicitud. Pueden pedir una ampliación de este plazo por 10 días más, y por única vez, en caso de “mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”. Si esto sucede, deberán remitir a quien pide la información una notificación por escrito fundando el uso de días adicionales. Es decir, explicar por qué se necesitan más días para responder al pedido.

¿Se debe explicar el motivo de la presentación? No. “No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria”.

¿Cuál es la autoridad de aplicación del Reglamento de Acceso a la Información Pública? La SPRIyFD, dependiente de la JGM. Franco Vitali Amado es quien está actualmente a cargo de este organismo.

¿Qué hacer si la entidad, aun estando obligada a recibir el pedido, se niega a hacerlo? En este caso, se tiene que presentar la denuncia, junto con la solicitud, en la Oficina Anticorrupción (OA) Dentro de los dos días esta institución la enviará a la SPRIyFD, que remitirá el pedido al Responsable de Acceso a la Información de la jurisdicción denunciada. Una vez recibida por este sujeto, comenzará a correr el plazo de diez días hábiles.

¿Dónde presento la denuncia ante la ausencia de respuesta o contestación parcial? En la OA. La denuncia tiene que formularse por escrito, con la identificación de quien la realiza.

Si no se recibió respuesta: Acompañar copia del pedido con el sello de la entidad, fecha y número de expediente.

Si la respuesta entregada por la institución no es satisfactoria: Adjuntar copia del pedido y de la información brindada por el organismo.

¿Cómo sigue el proceso? La OA informa a la jurisdicción denunciada y a la SPRIyFD sobre la presentación. A continuación, a través del Responsable de Acceso a la información, se pide el descargo al organismo que tendrá que entregarlo dentro de los 20 días hábiles y por escrito. Luego, la OA remitirá al denunciante la copia de este documento o notificará de su falta de presentación. A partir de ese momento, el sujeto contará con 15 días hábiles para realizar observaciones al respecto, en caso de querer hacerlo.

Según la Resolución Conjunta 1/2008, dentro de los 20 días hábiles de cumplido este plazo, la OA enviará un informe preliminar con la actuación administrativa a la autoridad de aplicación, la que deberá resolver el caso. ¿Cuál es la debilidad de este proceso? La SPRIyFD únicamente puede emitir recomendaciones y no puede obligar a los organismos a cumplir con ellas. Esto representa un enorme problema para el funcionamiento del sistema en general.

Es cierto que puede recurrirse a la Justicia, pero sus tiempos pocas veces coinciden con los de persona que quiere acceder a la información y una de las características de este derecho es la posibilidad de ejercerlo con la mayor celeridad posible.

A través de la resolución 538/2013 se creó el Sistema Nacional de Datos Públicos (SINDAP). Entre los principales objetivos del programa SINDAP, según el texto de esta normativa, se encuentran administrar el Portal, facilitar la publicación de datos y alentar el desarrollo de aplicaciones.

Entre las formalidades que deben cumplir los datos que se suban al portal, la resolución exigen el empleo de un formato abierto y la utilidad pública de los datos.

Además del Portal Nacional de Datos Públicos, existen otros sitios de datos públicos en otras jurisdicciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Buenos Aires Data), Bahía Blanca y Misiones.

Más allá de estos sitios, también se evidencian avances que no necesariamente cumplen con los requisitos de formatos abiertos, pero muestran un aumento en el compromiso para mostrar cómo se gastan los fondos públicos. Un ejemplo de ellos es la publicación de los sueldos de los funcionarios de la ciudad de Rosario en el sitio oficial del municipio.

El ingreso de la Argentina a la Alianza para el Gobierno Abierto brinda esperanzas para avanzar en materia de transparencia gubernamental. En la actualidad hay esfuerzos locales e incluso nacionales pero es vital la voluntad política para generar cambios en la cultura de la administración pública y fomentar la conciencia ciudadana al respecto. Para esto es clave la sanción de una ley nacional de acceso a la información pública.

Hay dos puntos clave que se deberían trabajar más fuertemente en materia de portales de datos públicos. El primero de ellos, vinculado a la necesidad de subir datasets de alta relevancia para las personas. Por otro lado, el tema del trabajo de actualización de los datos existentes.

Romina Colman (@colmanromi)

Estudiante de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, activista por el acceso a la información pública en Latinoamérica y delegada argentina en la primera conferencia de Alaveteli. Es parte del equipo de La Nacion DATA.

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