Acceso a la información pública en Costa Rica

Ronny Rojas

En Costa Rica existe suficiente normativa que garantiza el acceso a la información pública, la transparencia y la libertad de prensa y expresión. También hay jurisprudencia que garantiza a los ciudadanos el acceso a las bases de datos públicas, siempre que no tengan información de otros ciudadanos considerada confidencial: secreto bancario, expediente de salud, declaraciones de renta, números de teléfono, dirección de la casa de habitación, fotografías o lugar de trabajo, en el caso de que lo hagan en la empresa privada.

La Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho de petición en sus artículos 27 y 30:

Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.

La normativa establece un plazo legal de 10 día hábiles para que las instituciones públicas respondan a las peticiones de información de los ciudadanos.

El acceso a la información pública, especialmente a las bases de datos, tema que interesa, quedó claramente establecido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su resolución 2003-02120, del 14 de marzo del 2003. Dicha resolución la emitieron los magistrados en respuesta a un recurso de amparo interpuesto contra la Caja Costarricense de Seguro Social por una periodista del diario La Nación, a quién le había sido negada una base de datos con la información de todos los beneficiarios de subsidios del Estado por pensiones no contributivas.

En esa resolución, la Sala IV señaló:

"El contenido del derecho de acceso a la información administrativa es verdaderamente amplio y se compone de un haz de facultades en cabeza de la persona que lo ejerce tales como las siguientes:

a) acceso a los departamentos, dependencias, oficinas y edificios públicos;

b) acceso a los archivos, registros, expedientes y documentos físicos o automatizados -bases de datos, ficheros

e) derecho de conocer el contenido de los documentos y expedientes físicos o virtuales

consecuentemente, una hermenéutica finalista o axiológica de la norma constitucional, debe conducir a concluir que los administrados o las personas pueden acceder cualquier información en poder de los respectivos entes y órganos públicos, independientemente, de su soporte, sea documental -expedientes, registros, archivos, ficheros-, electrónico o informático -bases de datos, expedientes electrónicos, ficheros automatizados, disquetes, discos compactos-, audiovisual, magnetofónico, etc.” (Jinesta Lobo, 2003).

Desde diciembre del 2011, Costa Rica forma parte de la Alianza de de Gobierno Abierto, una coalición internacional de países y organizaciones de la sociedad civil comprometida a aumentar la apertura y rendición de cuentas del Gobierno. La Declaración de Gobierno Abierto emitida por la OGP en el 2011 y respaldada por el Gobierno costarricense desde entonces, señala:

Los gobiernos recogen y almacenan la información en nombre de las personas, y los ciudadanos tienen derecho a solicitar información sobre las actividades gubernamentales.

"Nos comprometemos a proporcionar activamente información de alto valor, incluidos los datos primarios, de manera oportuna, en formatos que el público pueda encontrar, comprender y utilizar fácilmente, y en formatos que faciliten su reutilización".

Reconocemos la importancia de los estándares abiertos para promover el acceso de la sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información del Gobierno.

Por otro lado, en el 2006, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución que garantiza la naturaleza pública de toda la información de los partidos políticos:

“Toda aquella información relativa al patrimonio de los partidos políticos, independientemente de su origen privado o público, así como la cantidad de cuentas corrientes, sus movimientos y los balances que los partidos políticos que administran los Bancos Comerciales del Estado, bancos privados y cualquier entidad financiera son de interés público y, por consiguiente, pueden ser accesados por cualquier persona. Dichas entidades no pueden negar o limitar el acceso a la información financiera de los partidos políticos, que se encuentre respaldada mediante soportes materiales, virtuales o digitales. El derecho al acceso de la información financiera y bancaria de los partidos políticos es una herramienta indispensable, como otras tantas, para la vigencia plena de los principios de transparencia y publicidad recogidos en el párrafo tercero del artículo 96 de la Constitución Política”.

Hay algunos casos, como el de las declaraciones de bienes de funcionarios públicos, en los que no se ha logrado conseguir acceso a la información. El Artículo 21 de la Ley contra el enriquecimiento ilícito obliga a dichos funcionarios a presentar estas declaraciones. Pero, esa misma ley, en su Artículo 24, establece la confidencialidad de los datos ahí contenidos y sólo le da acceso a las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público o los tribunales de la República, para investigar y determinar la comisión de posibles infracciones y delitos.

En términos generales, las leyes de acceso a la información pública en Costa Rica funcionan bien y poco a poco han ido abriendo las puertas de las instituciones públicas. En mayor o menor medida, prácticamente todo el sistema institucional costarricense entrega información cuando se le solicita. Sin embargo, todavía es común encontrar cierta oposición para entregar determinada información, tal es el caso de la Contraloría General de la República, que el año pasado se opuso inicialmente a entregarle al diario La Nación la base de datos del Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC), que contiene la información de las compras del Estado. La Contraloría alegó que dicha base de datos podía contener errores que constantemente son corregidos por sus técnicos y argumentó que buscaba evitar que se informase de situaciones inexactas o irreales. Sin embargo, luego de que La Nación presentase algunos de los argumentos legales que anteriormente se detallan en este documento, el ente contralor accedió a entregar la base de datos completa.

Usualmente, cuando una institución se niega a entregar información pública, los ciudadanos o los medios de comunicación acuden a la Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo. Los magistrados siempre han fallado a favor de los ciudadanos, cuando la información solicitada tiene carácter público legalmente.

Ronny Rojas (@ronnyrojas)

Periodista de la Unidad de Inteligencia de Datos del diario La Nación de Costa Rica. Especializado en periodismo de datos. Ha realizado investigaciones con Transparencia Internacional e IPYS (Buenos Aires, Argentina, 2010). Becado del Curso Avanzado de Periodismo de Investigación de IPYS (Rio de Janeiro, Brasil, 2013).

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